Por Federico Heinz* fheinz@vialibre.org.ar www.vialibre.org.ar

"El Estado debe elegir lo que más le conviene"

En esta entrevista realizada por el ASLE (ámbito del Software Libre en el Estado), Federico Heinz, co-fundador de Fundación Vía Libre, reclama desde la sociedad civil, que el Estado use software libre. ¿Cuál es el rol que le corresponde al software libre en el Estado?

En esta entrevista realizada por el ASLE (ámbito del Software Libre en el Estado), Federico Heinz, co-fundador de Fundación Vía Libre, reclama desde la sociedad civil, que el Estado use software libre. ¿Cuál es el rol que le corresponde al software libre en el Estado?

El software libre no es solamente una gran oportunidad para el Estado. Es, por lo pronto, varias grandes oportunidades juntas. La de achicar la "brecha digital" mediante el uso de programas que no requieren pago de licencia. La de capacitar, a través de sus universidades, a profesionales en informática y comunicaciones que conozcan íntimamente la tecnología con la que trabajan y que estén en condiciones no sólo de atenderla sino de crearla. La de brindar una oportunidad de prestar servicios con alto valor agregado a miles de pequeñas empresas nacionales de informática. La de dar el ejemplo a la ciudadanía al respetar minuciosamente sus propias leyes de derecho de autor. La de recordar a los argentinos con acciones concretas que la estrofa del Himno que reza "¡Libertad, libertad, libertad!" sigue siendo nuestra vocación. Y muchas otras más.

Además de estas grandes oportunidades, representa una necesidad ineludible, ya que el software libre es el único que el Estado puede utilizar sin violar la Constitución. Esto puede parecer exagerado, pero es estrictamente cierto que cada vez que el Estado utiliza un programa privativo para cumplir con sus tareas está a la vez traicionando su misión y violando los derechos constitucionales de los ciudadanos. El Estado es el responsable de mantener el registro público. Para hacerlo, debe extremar medidas para asegurar tres principios fundamentales: seguridad, perennidad y transparencia. De ellos, la perennidad puede ser solucionada con una estricta adherencia a estándares, pero si el Estado usa software cuyos mecanismos de funcionamiento son secretos, tanto la seguridad como la transparencia están siendo seria e inexcusablemente comprometidos.

¿No es contradictorio hablar de software libre por un lado, y obligar a la gente a usarlo por otro? ¿El Estado no debería elegir libremente lo que más le convenga?

No estamos hablando de obligar a nadie a usar software libre, sino de obligar al Estado a hacerlo. "El Estado no es una persona", es un mecanismo inventado por las personas, idealmente un "gigante bueno", pero un gigante al fin, potencialmente peligroso, al que hay que controlar para evitar excesos. Así, el Estado no puede contratar libremente, sino sólo a través de una licitación, debe publicar todos sus gastos, y está sometido constantemente al escrutinio público. La exigencia de usar exclusivamente software libre está destinada, precisamente, a preservar ese derecho de escrutinio público. Ningún ciudadano debe estar obligado a usar software libre, sólo los organismos públicos.

Por cierto que el Estado debe elegir lo que más le conviene. Lo que decimos es que al Estado "jamás le conviene el software no libre, ni siquiera cuando es gratis", porque no puede controlar lo que el software hace. Imaginemos el caso de una provincia que decide contratar un servicio de agua. Cuando lo hace, no puede contratar a cualquiera: sólo puede elegir entre aquellos que ofrecen el agua en condiciones que satisfagan las necesidades de salud pública. Si alguien ofrece agua contaminada, el Estado no debe contratarlo por muy barato que lo ofrezca. El problema es que con el software no podemos, como con el agua, hacer un análisis químico regular para verificar que no esté "envenenado". La única manera de hacerlo es pudiendo acceder al código fuente completo, y pudiendo dárselo a todos los que lo requieran para examinarlo. La característica distintiva del software no libre es, precisamente, que no permite esto. Por lo tanto, el Estado no debe contratarlo.

Esto, por cierto, sin entrar en los casos más serios, en los que el Estado brinda mejores servicios a los usuarios de un determinado programa o sistema operativo, o, como en el caso de la AFIP, *exige a los contribuyentes que compren un determinado sistema operativo, con marca y modelo a fin de poder cumplir con sus obligaciones impositivas. *Esto es una flagrante violación de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

¿Excluir de la lista de proveedores a los productores de software propietario no es discriminatorio? ¿No estaríamos cayendo en una escuela de "pensamiento único" de esas para las que, como tienen un martillo, todos los problemas les parecen clavos?

En ningún momento hablamos de que sea necesario excluir proveedores o productos específicos de las compras del Estado. Lo único que decimos es que la manera de contratar esos productos debe cumplir una serie de requisitos mínimos, que son los que permiten tener algún control de la seguridad del procesamiento de datos, así como asegurar su transparencia. Sería terriblemente necio exigir que el Estado use una determinada tecnología, y no lo hacemos. El software libre no es una tecnología, es un modelo de distribución de software. Hay muchas tecnologías implementadas como software libre, y a menudo ocurre que tecnologías no libres cambian sus términos de licencia y pasan a ser libres sin haber cambiado un ápice en su funcionalidad.

Los responsables de informática del Estado son personas perfectamente capaces de elegir la tecnología adecuada a sus necesidades. Tan solo les pedimos que, sea cual sea la tecnología que usen, la adquieran en términos de licenciamiento libre, y si eso no es posible, que busquen alguna tecnología alternativa que sí lo sea. El verdadero ejemplo de "pensamiento único" es aquel que sostiene que sólo una determinada tecnología no libre puede resolver tal o cual problema.

¿Y qué pasa con todo el dinero que el Estado lleva invertido en licencias?

El Estado está usando hoy mucho software libre, pero es ridículo pensar que va a poder eliminar el software privativo de la noche a la mañana. Si el Estado ha adquirido licencias de software privativo, debería primero evaluar si el privilegio de usarlo le sale más barato o no que tirarlo, teniendo en cuenta como costos a los aspectos de seguridad y derechos ciudadanos. Suponiendo que este análisis diga que conviene mantener el software en operación, tan solo tenemos que esperar que el software cumpla su ciclo de vida útil, que por lo general se calcula entre tres y cinco años, al cabo del cual se vuelve necesaria una actualización, que por lo general involucra un esfuerzo muy similar al de una migración. Ese es el momento ideal para hacer el cambio.

*Federico Heinz es cofundador de Fundación Vía Libre

(Se permite su copia total y parcial citando la fuente. Entrevista realizada por el ASLE.)

Fuente: http://www.softwarelibre.gov.ar/index.php?seccion=notavialibre