Teletrabajo en Argentina



Dra. Viviana Díaz
Coordinadora de la Comisión de Teletrabajo
Ministerio de Trabajo, empleo y Seg. Social de Argentina
comisionteletrabajo@trabajo.gov.ar

15 de diciembre de 2006
Nuevas formas de organización del trabajo: Teletrabajo

Exposición realizada en Ginebra, a través del Grula, por la Dra. Viviana Díaz en representación de Argentina.

El teletrabajo es un fenómeno que se ha incorporado recientemente a la bibliografía jurídica laboral argentina. En este contexto de nueva revolución científica y tecnológica, la informática crea nuevas formas de utilización de las tic's en el trabajo que permiten en su caso mas extremo remotizarlo, pudiendo realizarlo a distancia solo contando con una computadora y una conexión a Internet.

La paulatina proliferación del fenómeno de los trabajadores conectados a su empleador a través de las TIC's, el incalculable e imprevisible desarrollo que dicha modalidad de prestación de servicios podría adquirir en el futuro de las relaciones productivas y la necesidad de dotar a los actores sociales de reglas de juego claras que, sin descuidar la protección de los derechos del trabajador, posibilite su utilización por parte de las empresas generando el aumento del empleo, ha llevado al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la NACION ARGENINTA a la conformación de una Comisión de Teletrabajo que, con un enfoque interdisciplinario pero fundamentalmente con la participación de los propios actores y grupos de interés comprometidos en el fenómeno, permitiera establecer las bases para una reglamentación de la actividad en el marco del consenso .

El proyecto ha tenido particularmente en consideración que la REPUBLICA ARGENTINA, como consecuencia de la ratificación por la Ley Nº 25.800 del Convenio N° 177 sobre Trabajo a Domicilio de la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.), cuenta con una norma de jerarquía supralegal, el artículo75, inciso 22, de la CONSTITUCION NACIONAL, que contempla en su articulado todo tipo de trabajo a distancia y entre los que se encuentra sin duda alguna incluido el teletrabajo, lo cual supone de parte del ESTADO NACIONAL el compromiso de adoptar, aplicar y revisar periódicamente una política nacional en materia de trabajo a domicilio destinada a mejorar la situación de estos trabajadores, en consulta con las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores (artículo 3º del Convenio N° 177 sobre Trabajo a Domicilio de la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO - O.I.T.), la cual debe tener como objetivo esencial la promoción de la igualdad de trato entre los trabajadores a domicilio y otros trabajadores asalariados, particularmente en orden al ejercicio de la libertad sindical, la protección contra la discriminación en el empleo y en la ocupación, la protección en materia de higiene y seguridad, la remuneración, la protección por regímenes de la Seguridad Social, el acceso a la información, la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo y la protección de la maternidad.

El fenómeno de los trabajadores que prestan tareas fuera del ámbito de los establecimientos de la empresa no es nuevo, a punto tal de que algunas prestaciones de esas características se encuentran reguladas desde antiguo en la legislación argentina relativa al trabajo, como lo atestiguan las leyes sobre viajantes de comercio (Ley Nº 14.546) y sobre los trabajadores a domicilio (Ley Nº 12.713).

Sin embargo, el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones así como favorece la multiplicación de relaciones humanas de todo tipo a distancia y en tiempo real, no sólo ha determinado que el fenómeno del trabajo (a domicilio) que se realiza fuera de los establecimientos de la empresa mute de un papel excepcional a un progresivo protagonismo en el mundo de las relaciones laborales, sino que determina que lo haga bajo modalidades y condiciones nunca antes conocidas, ya que las circunstancias en las cuales ese "trabajo a distancia" tiene lugar son absolutamente novedosas y desconocidas por el orden normativo, poniendo en evidencia la insuficiencia de las previsiones destinadas a la producción de objetos "a domicilio" y dando lugar a la aparición de una renovada preocupación por la situación de estos trabajadores.

Aunque es indudable que el uso de tecnología a los efectos de la prestación de servicios no se reduce al ámbito de las prestaciones realizadas con subordinación sino que, por el contrario, puede incluso favorecer la conformación de relaciones con mayor libertad de gestión y autonomía de los prestadores de servicios, se ha considerado que, mas allá de las necesidades, exigencias o inquietudes que puedan plantear los sectores interesados en el desarrollo de las referidas técnicas, la viabilidad de una normativa específica para la actividad debe tener necesariamente en cuenta el marco de referencia que impone el ordenamiento general relativo a la conformación de las relaciones de trabajo.

Esto así, se ha considerado que la prestación de servicios a distancia y mediante el uso de TIC's, más allá de sus particularidades intrínsecas, no configura una categoría conceptual o tipo contractual autónomo, sino que constituye una modalidad transversal que puede tener lugar tanto en el marco de las relaciones autónomas como en el ámbito de las relaciones dependientes, siendo las que se desarrollan en este marco las que se han considerado objeto de una necesaria regulación, dado que es allí donde se presenta con nitidez el sometimiento efectivo o potencial a la determinación heterónoma de la prestación de servicios y al ejercicio del poder de dirección y organización del principal, y el campo sobre el cual el ordenamiento jurídico tradicional ha articulado sus técnicas de protección.

Se ha definido la figura del TELETRABAJO con un sentido funcional que, a la vez que remarca las condiciones esenciales que deberán tenerse en cuenta para la operatividad de las previsiones legales, muestra una adecuada concordancia con la legislación general en orden a la configuración de una relación de trabajo dependiente, al cual está referida la regulación, y con la normativa internacional aprobada por la Ley N° 25.800 en lo que refiere a los elementos que conforman el tipo de trabajo a distancia, en lo que adquiere especial relevancia que la particularidad de la figura esta dada por la ajenidad del espacio de trabajo al orden de dirección y organización del empleador.

Asimismo, el proyecto de ley se ha orientado en consideración al hecho de que una legislación tiene verdadero sentido si logra atender a la problemática específica que una determinada situación plantea, y consecuentemente se ha entendido que lo principal es considerar los desafíos que la falta de presencia física del trabajador en la empresa ocasiona, ubicando la reglamentación en un necesario equilibrio entre la búsqueda de los mayores beneficios que orienta toda actividad lucrativa, con la necesidad de que esta búsqueda no sea causa de desigualdad o afectación de derechos de los trabajadores.

En esta línea, ha sido la principal preocupación de la Comisión de TELETRABAJO el establecer bases mínimas para el eventual desarrollo de previsiones cuyo mayor detalle, en atención a la innumerable cantidad de variantes que se pueden presentar en la realidad, se ha entendido prudente encomendar al marco de las negociaciones colectivas, con la debida participación de los sectores interesados a los cuales refiere la normativa supralegal, las cuales se han concentrado fundamentalmente en la necesidad de preservar la igualdad de trato de estos trabajadores respecto de otros trabajadores que cumplan servicios en los propios establecimientos de las empresas, el respeto por los ámbitos particulares donde el trabajador elija prestar servicios, la indemnidad respecto de los gastos y riesgos de la actividad dependiente, la protección a través de regímenes de seguridad social y en materia de higiene y seguridad en el trabajo, y particularmente, en el reconocimiento de la necesidad de una genuina manifestación de voluntad del trabajador respecto de la aceptación de esta particular modalidad de trabajo.

Debe reconocerse que, a la deuda que supone la imprevisión de eventuales circunstancias que puedan afectar a los "teletrabajadores" jurídicamente autónomos pero económicamente dependientes, la cual, se reitera, encuentra su origen en la propia estructura de nuestro orden normativo que carece de previsiones protectorias para tal categoría de trabajadores, podría sumarse la falta de previsiones específicas respecto de eventuales conflictos que la internacionalización de la actividad laboral, como consecuencia del desarrollo de las técnicas de la comunicación, podría ocasionar. No obstante, se ha entendido que, más allá de que la integración de la figura en el orden jurídico general brindará respuestas suficientes a las situaciones que pudieran presentarse, la atención de aspectos específicos vinculados a la actividad en el orden internacional será una tarea a abordar en foros de tal orden o en el marco de negociaciones bilaterales.

De este modo, el proyecto de ley que regula el TELETRABAJO en la Argentina supone el establecimiento de aquellas pautas que se han considerado indispensables e indisponibles a efectos de adecuar la normativa nacional en la materia a los lineamientos que surgen de la reciente aprobación de normas internacionales, a la vez que constituye el marco de un programa tendiente a que el propio Estado y los actores sociales puedan ir encontrando respuestas a los imprevisibles desafíos que el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones seguirán planteando en el futuro, reconociendo al teletrabajo como una modalidad que sirve como instrumento para la generación de puestos de trabajo genuinos y para la consolidación de las fuentes de empleo ya existentes.

Siendo el teletrabajo transversal a varias actividades, los actores sociales podrán considerarlo dentro de sus convenios colectivos, respetando la igualdad de trato entre un teletrabajador y un trabajador que se desempeña en la empresa, debiendo gozar de iguales derechos que cualquier trabajador en relación de dependencia, ambas premisas de orden publico.

El proyecto puntualiza tres aspectos especiales, básicos de esta modalidad de trabajo:

1) Respecto de los sistemas de control de los bienes e información del empleador, que no deben violentar la privacidad del domicilio del trabajador.
2) Referido al equipamiento, cuando éste es o no provisto por el empleador.
3) Finalmente el relacionado con las obligaciones del teletrabajador respecto al correcto uso de ese equipamiento.

En síntesis, el proyecto de ley tiene la intención de convertirse en un piso mínimo sobre el cual las partes, ya sea individual o colectivamente, puedan negociar las condiciones específicas bajo las cuales se desarrolle el teletrabajo, las negociaciones colectivas deberán contemplar, en particular, los regímenes de remuneración y jornada de trabajo, la promoción profesional y la formación en el trabajo en los términos del Art. 1° de la Ley N° 24.576, introducido como capítulo VIII, del Título II, de la LCT, y el derecho de información respecto de la propia actividad, sin perjuicio de la consideración de toda otra cuestión que haga a la especificidad de esta actividad .

En orden de bregar por la ocupación de grupos vulnerables y personas con capacidad disminuida el MINISTERIO DE TRABAJO ha avanzado, pero dada la transnacionalización de los empleos resulta vital que los países de la región coordinemos esfuerzos con vistas a contar con un ordenamiento legal común en el tema, simplificando su aplicación y desarrollo y permitiendo el control del trabajo no registrado en un mercado transfronterizo donde esta nueva modalidad contractual se viene desarrollando en forma permanente y cono progresión geométrica.

Nota:
UNCTAD-ILO-ITC
Facilitation meeting on Action Line C7 e-business and e-employment

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