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Roberto Zachmann
zachmann at ilo punto org

1 de Junio de 2005
Tecnologías de Información, mercados laborales y políticas de desarrollo
La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información ha contribuido de manera significativa a promover el papel que juegan las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TICs) en la sociedad moderna.

Recalcando la importancia que tienen las TICs para el desarrollo, la Cumbre subrayó la importancia de la brecha digital como un concepto fundamental para el crecimiento económico.

Lamentablemente, los textos adoptados en Ginebra han omitido de manera notoria los procesos laborales asociados a los cambios debidos a las TICs. Esto resulta en una visión centrada en los aspectos tecnológicos del problema y no a aquellos de orden social. De hecho, tanto la Declaración de Principios como el Plan de Acción adoptados por la Cumbre en Ginebra cubren un vasto número de categorías de personas pero omiten, curiosamente, a los trabajadores.

El reemplazo de telefonistas por centrales automatizadas, de torneros por maquinaria controlada por sistemas numéricos y de tantas otras ocupaciones que caducan gracias a transformaciones tecnológicas no tienen sitio en los documentos adoptados en Ginebra. Como consecuencia, el impacto de las TICs sobre el mundo del trabajo se ve reducido a su más mínima expresión.

Es como si la introducción de la automatización de procesos productivos, la reducción de costos de transacciones y de búsqueda en mercados y la transformación generalizada de métodos de trabajo no existieran. También se omiten los efectos de la internacionalización de mercados laborales asociados a la deslocalización y a la posibilidad de establecer un comercio en servicios.

La transformación tecnológica no tiene – para los redactores de los documentos precitados – ningún costo. Al olvidar al mundo del trabajo se abandonan también las estrategias prácticas requeridas para garantizar que se elimine la brecha digital. Los beneficios económicos de las TICs se ven exclusivamente en la mejora en la calidad de empleos y en el aumento de la productividad y competitividad de empresas, ambos fenómenos asociados con el mundo laboral.

El uso de las TICs como mecanismo de progreso social debe basarse en estrategias centradas en el desarrollo de empresas – y en particular de empresas pequeñas y medianas que son las que generan el mayor número de puestos de trabajo. Para que las TICs contribuyan al desarrollo social y económico es necesario comprender que estas tecnologías son a la vez productos y herramientas: no basta con garantizar un aumento de disponibilidad de telecomunicaciones ni de computadoras para resolver problemas sociales o económicos.

Como productos, las TICs generan frecuentemente empleos decentes. Como herramientas, estas tecnologías pueden aumentar la competitividad de la economía siempre y cuando existan mecanismos para administrar la transformación tecnológica. La brecha digital es tanto el resultado como la causa de otras brechas socio-económicas. Estrategias distributivas deben primero basarse en medidas que protejan a aquellos trabajadores y a aquellas empresas que no están equipadas para adoptar nuevas tecnologías y que se enfrentan a competencia de firmas que si disponen de estas capacidades.

Deben luego invertir de manera tal que las empresas y las personas que no disponen del capital financiero o educativo necesario para beneficiarse de la inversión puedan hacerlo. Es altamente posible que inversiones públicas generales (es decir sin grupos beneficiarios específicos) tiendan a favorecer a aquellas personas y empresas que ya disponen del capital humano y financiero necesario para hacer buen uso de las TICs amentando así las brechas sociales.

La protección de trabajadores se obtiene a través de medidas de formación profesional y de seguridad social. No es suficiente ofrecer entrenamiento a personas sin ingresos; es necesario asegurarles subsistencia mientras se entrenan para afrontar las nuevas condiciones del mercado. Estas medidas, adicionalmente, mejoran la movilidad y la adaptabilidad de la fuerza de trabajo lo cual, a su vez, resulta en menor resistencia al cambio inducido por nuevas tecnologías.

Las empresas pequeñas y medianas son particularmente vulnerables a la competencia y frecuentemente no disponen de recursos ni de conocimientos para adoptar los procesos administrativos que justifican la inversión en TICs.

El crecimiento económico en un mundo informatizado demanda estrategias de desarrollo empresarial asociadas al acceso a servicios de comunicación y procesamiento de datos. A su vez, la puesta en marcha de la informatización de empresas requiere de la participación activa de sus trabajadores la cual supone el diálogo y la existencia de mecanismos que faciliten la movilidad. Los paradigmas de desarrollo tradicionales le daban énfasis al crecimiento del sector manufacturero.

Las TICs modifican el panorama dándole a algunos componentes del sector de servicios (en particular los servicios a las empresas) las mismas características que aquellas del sector manufacturero. Adicionalmente, experiencias en la difusión de tecnologías y del conocimiento demuestran que el manejo de cadenas de suministros en sectores productivos tiende a ser la mejor estrategia para aumentar la competitividad de la economía lo cual puede redundar en más y mejores empleos.

Nuevas políticas de desarrollo industrial deberán ser tomadas en cuenta dentro de nuevas estrategias de desarrollo económico. La globalización y las TICs, reforzándose mutualmente, incrementan la competencia internacional.

Como es ahora posible hacer comercio en los servicios y la movilidad laboral internacional es limitada, existe la posibilidad de desplazar puestos de trabajo hacia economías a menor costo. Esto puede resultar en competencia entre estados a favor de trato fiscal preferencial y baja de costos laborales. Ante la necesidad de hacer inversiones para mejorar la infraestructura y aumentar el capital humano tal competencia es, a la larga, contraproducente. De esta manera, las TICs conllevan la necesidad de llegar a arreglos internacionales para asegurar una competencia “leal”.

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