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Por Alejo Giles
alejogiles@sinectis.com.ar
Libertad de expresión en Internet: como regula el Primer Mundo
Mientras Estados Unidos intenta llegar a un férreo marco regulatorio de las actividades en Internet, España avanza hacia una reglamentación laxa que promete no influir sobre la libertad de expresión.

El 11 de diciembre marcó un punto de inflexión en el sistema democrático norteamericano. La psicosis impulsada por los actos terroristas abrió camino a una carrera de espionaje y control sobre los ciudadanos estadounidenses. En ese nuevo contexto, el mundo de Internet que había sido un paraíso de la libre expresión, quedó en la mira de los paladines de la defensa interior.

De las flamantes modificaciones realizadas en la segunda parte del 2001 a la legislación sobre usos civiles y comerciales de Internet, la sección más urticante es la llamada USA Patriot Act (Acta Patriótica Norteamericana).

Un conjunto de caracterizados juristas consultados por el New York Times dejaron su unánime impresión negativa sobre este abarcativo paquete de leyes.

Pamela Samuelson, Doctora en Leyes del Berkeley School, remarca que el USA Patriot Act "tiene muchas dimensiones, pero incluyó algunas nuevas reglas muy importantes sobre el acceso del gobierno a la información sobre usuarios individuales de Internet". Y advierte que, por ejemplo, "autoriza al gobierno para recopilar la información sobre el correo electrónico enviado o recibido por los individuos y el Congreso avaló que los investigadores federales no necesitan demostrar causa probable para acusar a la persona apuntada de cometer un posible crimen".

Por su parte, Barry Steinhardt miembro de la ONG American Civil Liberties Union opinó en la publicación neoyorquina que "el irónicamente llamado USA Patriot Act ha aumentado dramáticamente la vigilancia sobre Internet". Y remata diciendo que "el aval judicial para la interceptación de datos por parte del Gobierno, marca un peligroso precedente en el equilibrio de la libertad de expresión electrónica".

Mientras tanto en la Madre Patria

Aunque con una diferente problemática, España va puliendo el marco regulatorio para su siempre insipiente mundo web.
Días pasados el gobierno español dio el visto bueno al anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, (LSSI) tendiente a ordenar "toda actividad en Internet u otro medio electrónico que genere ingresos o permita obtener beneficios económicos".

El debate sobre libertad de expresión está instalado en la agenda de la península, al punto que la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, salió al cruce de los que opinan que el LSSI intenta poner límite a los contenidos de los sitios españoles: "la Ley no regula lo que se hace en Internet, lo que no podamos transmitir a través de la Red, correos, etcétera, sino sólo lo que tiene efectos económicos", remarcó la funcionaria en un programa televisivo.

Los temores de una escalada restrictiva tuvieron su clímax cuando el Ministerio de Ciencia y Tecnología empezó a elaborar borradores tentativos para un nuevo marco regulatorio allá por el año 2000. Con la ayuda de las presiones de las asociaciones de internautas se fueron depurando los proyectos. Y hoy, el LSSI parece dejar conformes a todas las partes.

Aunque algunos sectores aún presentan su disconformismo. Félix Lavilla, responsable del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en los temas relacionados con las nuevas tecnologías afirmó en una entrevista concedida a ibrujula.com que el gobierno español quiere "controlar Internet, estableciendo un falso debate entre seguridad y libertad, cuando en realidad lo que pretende es introducir trabas a la libertad de expresión para que los internautas sepan que existe una norma que les puede caer encima y se autocensuren".

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