Sociedad de la Informacion y el Conocimiento

III Congreso Iberoamericano de Cooperación Judicial: Sociedad del Conocimiento y Derechos Humanos

Carta de Fortaleza, Brasil

[1-12-09] Los jueces y magistrados de diecinueve países de América del Sur, Centro América, México y el Caribe, miembros de la Red Latinoamericana de Jueces, reunidos en la ciudad de Fortaleza, Estado de Ceará, Brasil, con motivo del III Congreso Iberoamericano de Cooperación Judicial: Sociedad del Conocimiento y Derechos Humanos, que se realizó entre los días 23 y 26 de noviembre de 2009, han acordado realizar la siguiente declaración:

  1. Resulta imprescindible la modernización del sistema judicial latinoamericano y la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación que posibiliten a los habitantes de estos países de América un acceso rápido, igualitario y eficiente a la justicia. Deberá propenderse que dichos mecanismos y plataforma informática tenga características similares y con la simplificación necesaria para garantizar el uso y transferencia fidedigna de la información que contienen. La organización y gestión del despacho judicial, la digitalización de los procesos, la administración de la oficina judicial, entre otros aspectos, son un instrumento esencial para lograr un servicio judicial moderno, eficiente y oportuno. Los poderes judiciales de estos países habrán de desarrollar los mecanismos y acciones de cooperación que permitan eficazmente esos objetivos de un modo armónico, sostenido, progresivo e integrador, con una amplia discusión e inclusión de todos los operadores e involucrados.
  2. Que el libre acceso a las fuentes públicas de información es un derecho del ciudadano tendiente a posibilitar el conocimiento de los actos realizados en el ejercicio de la función jurisdiccional, sin perjuicio de considerar el debido resguardo de los datos sensibles y que afecten la dignidad e intimidad de la persona, o que por razones de un interés público prevalente deban permanecer en reserva. Se procurará que los organismos judiciales permitan activamente por medios digitales y públicos en sitios electrónicos que los usuarios y operadores del sistema reciban las informaciones contenidas en actas y procesos jurisdiccionales, así como los datos de los órganos y operadores del sistema que tengan incidencia en ese ámbito; a la vez que se implementen mecanismos de consulta particular por vías idóneas, rápidas y seguras. Deberá resguardarse los principios de la transparencia, máxima divulgación, facilitación de derechos, con responsabilidad y gratuidad.
  3. La plataforma informática, digital y comunicacional, así como la transparencia de los procesos judiciales y datos contenidos en ellos, es la base para la creación de un espacio jurisdiccional latinoamericano ético que permita internamente en cada Estado el acceso a la justicia, la igualdad entre los habitantes, su seguridad y la efectividad de los derechos fundamentales y la participación de los ciudadanos. En el plano interestadual o internacional, la modernización y transparencia procurará existan mecanismos de validación de los actos judiciales que sean eficientes y directos entre los órganos, libres de burocracia y razonablemente accesibles. En esta perspectiva, es necesario reducir los vacíos del espacio jurisdiccional interamericano, extendiendo al ámbito interno los mecanismos informales y electrónicos de cooperación judicial.
  4. Consideran que el respeto a los derechos fundamentales supone que las nuevas tecnologías y la difusión judicial resguarden la intimidad, como la privacidad de las personas, y reiteramos que en el ámbito físico o virtual del trabajo, se debe garantizar la dignidad, privacidad y confidencialidad de los datos y comunicaciones que por su naturaleza son de índole estrictamente privado, inclusive al operar los medios tecnológicos dispuestos por aquel a quien se debe subordinación y dependencia, habida cuenta de la necesaria protección del teletrabajo y de los derechos sociales y colectivos.
  5. Estiman que en ningún caso las diferencias culturales, lingüísticas, históricas y geográficas que son las notas características de los pueblos latinoamericanos y sus ancestros, pueden resultar afectadas por las tecnologías de información y comunicación, y la difusión de la actividad judicial, y más bien aquellas deben ser potenciadas mediante su armónica integración en América Latina y el mundo.
  6. Advierten que todos los avances tecnológicos que permiten la administración de una justicia más eficiente y transparente, pueden resultar ineficaces, si no se tiene un judiciario independiente tanto interna como externamente, con plena libertad y según las garantías que se consagran a nivel constitucional, y que están aceptadas en el ámbito democrático contemporáneo.
  7. En conclusión, nos comprometemos a generar un espacio moderno y transparente en el ámbito judicial latinoamericano que, respetando los derechos fundamentales del ser humano, permita la existencia de una justicia autónoma, eficiente y eficaz, cercana a sus destinatarios y ampliamente comprensiva de las diferencias culturales de nuestras naciones.

Se deja constancia en la presente acta que fue redactada y firmada por José Eduardo de Resende Chaves Júnior, Brasil, Presidente; Gabriela Merialdo Cobelli, Uruguay, Vice Presidente; Roberto Ignacio Contreras Olivares, Chile, Vice Presidente para América del Sur; Luis Paulino Mora Mora, Costa Rica, Vicepresidente para América Central, Caribe y México; Edgardo Torres López, Perú, Vicepresidente de Derechos Humanos; Josefa Vicenta Izaga Pellegrin, Perú, del Consejo Consultivo y Fiscal; Alejandro Alfonso Vera Quilodrán, Chile, Flavio Podestá, Argentina, y Oswaldo Salgado Espinoza, Ecuador, miembros suplentes de la Directiva.

Extendida en Fortaleza, Estado de Ceará, Brasil el veintiséis de noviembre de dos mil nueve.

Nuestro principal objetivo es la interacción virtual pero impulsado por el calor personal y humano.

El uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información vienen transformando profundamente las relaciones humanas. La sociedad de la información, integrada electrónicamente, tiene reflejos de todo orden. El capitalismo se vuelve más cognitivo que nunca y la interacción comunicativa, terciada por las nuevas tecnologías, presenta tanto un gran potencial de emancipación social, como también, suscita una serie de preocupaciones en la esfera de la tutela de los derechos fundamentales del ciudadano, que se vuelve, cada día más, local y global a la vez.

El Poder Judicial de los países de América Latina - que tiene un lazo cultural diferenciado en relación al Poder Judicial de la Península Ibérica - está siendo llamado progresivamente a participar de ese proceso, tanto desde el punto de vista de su propia gestión administrativa, como también de la repercusión social de sus decisiones.

El desarrollo de la cooperación judicial es un presupuesto necesario del propio proceso de integración regional de América Latina. Los estudios en el ámbito del Derecho Comunitario Europeo evidenciaron que Unión Europea solamente trascendió del estadio de unos simples acuerdos de cooperación económica y aduanera, hacia un complejo sistema de interacción cultural, social y política, a partir de la integración de los poderes judiciales nacionales y de la actuación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo.

En la sociedad tecnológica los procesos de integración global y regional son exponencializados. La sociedad en red adquiere, por otro lado, respuestas de los Poderes del Estado Nacional para los problemas suscitados por los fenómenos virtuales, que por naturaleza son esencialmente transnacionales.

En ese sentido, la Red Latinoamericana de Jueces - www.REDLAJ.com - en la tradición de su reciente, pero ya consagrada historia, la Escuela Nacional de Magistrados Brasileños - ENM y la Asociación Cearense de Magistrados - ACM, vienen convocar a los jueces latinoamericanos para continuar en la reflexión y en el desarrollo de ideas y estrategias para hacer frente a tales problemáticas, especialmente en relación a tres aspectos: (i) gestión e integración judiciales - (ii) tecnología y efectividad de los derechos - (iii) combate a la violencia institucional.

La aproximación física de los jueces iberoamericanos es también uno de los objetivos. El contacto y la interacción virtuales son esenciales al proceso de integración, pero ese proceso estructural necesita también, para ser impulsado, del calor personal y humano. La experiencia de la cooperación judicial europea está demostrando que los mecanismos más informales - facilitados por el conocimiento personal de muchos de los miembros de las redes de cooperación judicial - son decisivos para la eficacia y celeridad del cumplimiento de intercambio de actos internacionales.

Público participante

El Congreso es dirigido preferentemente a los Magistrados, Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Abogados iberoamericanos. También se considera la participación de miembros de la academia, de la sociedad civil y funcionarios de Agencias Internacionales de Cooperación Internacional envueltos en la temática del encuentro.

Está estructurado para recibir 1000 (mil) participantes entre Presidentes y Ministros de Cortes Supremas y Tribunales Superiores, Magistrados y Jueces de América del Sur, Centroamérica, Caribe, México, Portugal y España.

Pedro R. David
Juez del Tribunal Criminal Internacional para la Ex-Yugoslavia y Ruanda, con sede en La Haya, Holanda - Argentina

Gilmar Ferreira Mendes *
Ministro Presidente del Supremo Tribunal Federal - Brasil

Javier Villa Stein
Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia del Perú - Perú

Luis Paulino Mora Mora
Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica - Costa Rica

Urbano Marín Vallejo *
Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Chile - Chile

Link: http://www.redlaj.com/brasil/es/congresso.php

Fuente: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES& (http://www.redlaj.com/brasil/es/congresso.php)